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«Tienes 72 horas para regularizar una deuda de 29.400 euros.» Todavía recuerdo el día en que nuestra vida se quedó en un auténtico callejón sin salida. Me llamo Adrián Montalvo, tengo 37 años y vivo con mi esposa Carmen y nuestra familia en las afueras de Valencia. Hace cuatro años dimos el paso que creíamos más importante de nuestra vida: compramos un pequeño piso en Benimaclet con una hipoteca de 145.000 euros. Yo trabajaba como recepcionista en un hotel de la costa y Carmen era diseñadora gráfica freelance. Cumplíamos puntualmente con todos los pagos y todo iba bien, hasta que nos golpeó un doble problema que, por desgracia, muchos conocen en España. Todo empezó el verano pasado. Nos fuimos dos semanas a visitar a mis padres al norte. Cuando volvimos, la cerradura de nuestro piso había sido cambiada y dentro vivía otra familia: los llamados «okupas». En España la legislación local está hecha de tal manera que, si no logras resolver el problema en las primeras horas, empieza un proceso larguísimo: la policía ya no puede simplemente sacar a la gente, hay que acudir a los tribunales y esperar el desalojo durante meses o incluso años. Mientras tanto, al banco le da exactamente igual quién esté en la vivienda: hay que seguir pagando las cuotas de la hipoteca cada mes. Además, por normativa, ni siquiera podíamos cortar los suministros básicos. Nos vimos obligados a alquilar urgentemente otra vivienda modesta para no quedarnos en una situación crítica. Caímos en una trampa financiera: pagar al mismo tiempo las cuotas del piso ocupado, el alquiler de la nueva casa y los honorarios del abogado para el proceso judicial. Y en otoño llegó otro golpe. El hotel donde trabajaba me pasó a un contrato de temporada y, con la llegada del invierno, simplemente no me renovaron. Encontrar un trabajo estable en Valencia de forma rápida no era nada fácil, y lo que ganaba Carmen apenas alcanzaba para lo básico y la comida. A principios de este año nuestra situación llegó a un pun
